El Ejecutivo analiza estatizar los aportes y contribuciones que hoy van directamente a los sindicatos. Se trata de unos $30.000 millones anuales
Luego del aplastante triunfo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones primarias, el Gobierno evalúa impulsar un proyecto para reformar el actual sistema de obras sociales .
De esta manera, el Ejecutivo busca concentrar en el Estado la caja que actualmente está en manos de los sindicatos y debilitar el poder Confederación General del Trabajo(CGT).
La propuesta también se complementa con otra iniciativa que plantea reformar la ley de asociaciones profesionales, para así ampliar la participación de las minorías en los gremios.
De acuerdo a lo publicado por el matutino Clarín, también se encuentra en carpeta una reforma que directamente propone separar en forma tajante el patrimonio de las obras sociales de los sindicatos.
Fuentes del Gobierno admitieron al matutino que circula un borrador -elaborado por sectores juveniles vinculados al Ministerio de Economía- que, básicamente, plantea que los aportes y contribuciones que hoy van a las obras sociales -unos $30.000 millones anuales - pasen al Estado.
Ante tal traspaso, se formaría un superorganismo oficial de salud que contrate los servicios médicos, como actualmente hacen las obras sociales.
Bajo este esquema, las obras sociales que cuentan con clínicas y farmacias podrían ser contratadas por el ente oficial como cualquier otro prestador privado.
La medida apunta a reforzar las finanzas públicas y para enfrentar los eventuales impactos de la crisis internacional, señala el matutino.
Complementariamente, el Gobierno daría por cancelados los $6.000 millones que adeuda a las obras sociales por el remanente del Fondo de Redistribución y que la CGT reclama de manera insistente.
El proyecto generaría múltiples beneficios en el sistema de salud. En primer término, se suprimiría, en la mayoría de los casos, a un mero intermediario (los sindicatos) que se limita a recibir aportes y contratar profesionales y clínicas privadas, ya que muchas obras sociales no cuentan con infraestructura propia.
Al presentar la iniciativa se sostendría que las obras sociales están salpicadas por casos de corrupción que el nuevo esquema cortaría de raíz. Y que el sistema está tironeado por las empresas de medicina privada que se llevan los aportes de los empleados de mayores ingresos, puntualiza Clarín.
De implementarse el nuevo sistema, se debilitaría el poder económico y político de los sindicatos de cara al nuevo mandato.
La medida sería comparable con la estatización los fondos de las AFJP. Pero esta vez se apuntaría al "poder sindical".
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