El prestigioso jurista Alberto Binder celebró las palabras de la Presidenta, pero consideró que no será sencillo implementar los juicios por jurados como marca la Constitución porque "hay unos cuantos jueces federales con un poder extorsivo muy importante". Cuales son los beneficios y por qué la corporación judicial se opone a una reforma.
Aunque no realizó un anuncio formal, Cristina Kirchner mencionó la necesidad de una profunda reforma en el Poder Judicial y reflotó la idea de aplicar un nuevo -aunque ya conocido- sistema de enjuiciamiento. "Sería bueno comenzar a repensar si podemos recuperar esa demanda constitucional del juicio por jurados", fueron las palabras de la Presidenta, en su primer acto público tras la gira por Francia.
En rigor, este modelo no es novedoso: además de aplicarse en muchísimos países, como Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, Puerto Rico, Nicaragua o Japón, también fue incluido en nuestra Constitución Nacional en 1853, e incluso aparece en textos y proyectos anteriores. Pero, ¿cómo funciona y por qué -aunque es mencionado en la ley suprema- no es implementada en la justicia argentina? La Política Online se comunicó con especialistas en la materia para analizarlo.
"El juicio por jurados lo que intenta es democratizar y transparentar el Poder Judicial. Busca que los ciudadanos participen en la administración de justicia. Ya no serían los magistrados los únicos actores, sino que en los casos más graves sería un cuerpo de 12 ciudadanos el que definiría la culpabilidad o la inocencia", explicó Andrés Harfuch, integrante de la junta directiva del Instituto de Estudios Comparado en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
Como se ve en las películas de los Estados Unidos, los delitos más severos o las mega causas de corrupción se dirimirían en un juicio en el que la última palabra la tiene un jurado integrado por ciudadanos de a pie, sin ninguna formación en Derecho. Esto evita que los jueces puedan ser presionados o corrompidos por el poder político o económico.
Pero existen dos modelos: el clásico (también conocido como anglosajón o puro) y el escabinado. El primero entiende que el jurado debe estar integrado en su totalidad por ciudadanos, mientras que el segundo permite una mixtura de jueces y jurados populares. "Nosotros estamos a favor de un sistema puro, porque está probado que la presencia de magistrados o especialistas hace que los jurados populares se dejen guiar o manipular por su conocimientos técnicos. Y justamente la idea de estos juicios es todo lo contrario", agregó Harfuch.
En diálogo con LPO, el prestigioso jurista Alberto Binder celebró las palabras de Cristina Kirchner: "Estoy absolutamente a favor de impulsar un cambio muy profundo en la justicia. Esto se da en el marco de una reforma procesal penal que ya tiene un proyecto en el Congreso y que contempla los juicios por jurados. Así que será bienvenida la iniciativa del Poder Ejecutivo. Este sistema no resiste más".
El proyecto al que hace referencia Binder es el presentado por el diputado kirchnerista Oscar Albrieu en junio de 2010 y que recoge los lineamientos del codigo INECIP 2004, que aún tiene estado parlamentario, y el del 2007 elaborado en el marco de la comisión asesora del ministerio de Justicia.
Sin embargo, el jurista consideró que no será fácil avanzar con su implementación, porque "hay unos cuantos jueces federales con un poder extorsivo muy grande". Y concluyó: "Muchos de los jueces no están preocupados por terminar con la impunidad, sino por jugar a la política. Son la cara un submundo mucho más grande, que es la corrupta corporación judicial. Espero que el Gobierno se decida a no dejarse presionar por ese inmenso poder".
Las críticas
Los principales detractores de este modelo plantean una serie de objeciones, como su alto costo económico. Es que los integrantes del jurado cobrarían una suerte de salario por sus servicios prestados, además del gasto que podría implicar "encerrar" a veinte personas en un hotel para que no tengan contacto con el exterior, como suele hacerse en algunos casos.
"No es cierto que sea más costoso, ni que en todos los casos se deban alojar en hoteles. Eso sucede en situaciones muy resonantes, de enorme impacto mediático. Pero en la mayoría vuelven a sus casas. Por supuesto, tienen que cumplir con su obligación de no comentar nada con nadie, ni de dejarse influir", sale al cruce Harfuch.
Más contundente fue la respuesta de una fuente de LPO que recorre a menudo los pasillos de Tribunales: "Los jueces de Casación cobran 50.000 pesos por mes y después dicen que el juicio por jurados es caro. Es un disparate".
Otra de las objeciones que se plantean y el que acaso mayor debate genera es si este tipo de enjuiciamiento vendría acompañado por el principio de Plea Bargaining que se aplica en los Estados Unidos, a partir de la cual los imputados pueden declararse culpables y evitar un juicio, a cambio de una pena menor. Esta modalidad, que sin dudas agiliza las causas -menos del 3% llegan a esta instancia-, genera también una pérdida del derecho a la defensa y de la búsqueda de la verdad.
Pero Harfuch explica que no necesariamente se tendría que utilizar el Plea Bargaining, puesto que aquí también existen mecanismos para intentar alivianar el trabajo del Poder Judicial, como las probation, las mediaciones o los juicios abreviados. "Aquí también llegan a juicio oral una porción muy pequeña, los más graves".
El antecedente de Córdoba
Desde hace seis años, Córdoba implementó un sistema de enjuiciamiento con participación ciudadana, muy parecido al que se usa en Italia y Francia: una corte integrada por tres jueces y ocho jurados populares.
A la hora de deliberar, dos de las magistrados votan junto a los ocho ciudadanos. En caso de empate, define el juez que quedó afuera. Se trata de una composición del tipo escabinado.
El catedrático de la UBA y presidente de la Cámara en lo Penal Económico, Edmundo Hendler, ya se había mostrado a favor, al asegurar que el juicio por jurados en esa provincia está funcionado correctamente. "Siempre habrá algún detractor, pero sus resultados positivos desvirtúan el viejo argumento de que la población argentina no está suficiente madura", declaró.
En rigor, este modelo no es novedoso: además de aplicarse en muchísimos países, como Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, Puerto Rico, Nicaragua o Japón, también fue incluido en nuestra Constitución Nacional en 1853, e incluso aparece en textos y proyectos anteriores. Pero, ¿cómo funciona y por qué -aunque es mencionado en la ley suprema- no es implementada en la justicia argentina? La Política Online se comunicó con especialistas en la materia para analizarlo.
"El juicio por jurados lo que intenta es democratizar y transparentar el Poder Judicial. Busca que los ciudadanos participen en la administración de justicia. Ya no serían los magistrados los únicos actores, sino que en los casos más graves sería un cuerpo de 12 ciudadanos el que definiría la culpabilidad o la inocencia", explicó Andrés Harfuch, integrante de la junta directiva del Instituto de Estudios Comparado en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
Como se ve en las películas de los Estados Unidos, los delitos más severos o las mega causas de corrupción se dirimirían en un juicio en el que la última palabra la tiene un jurado integrado por ciudadanos de a pie, sin ninguna formación en Derecho. Esto evita que los jueces puedan ser presionados o corrompidos por el poder político o económico.
Pero existen dos modelos: el clásico (también conocido como anglosajón o puro) y el escabinado. El primero entiende que el jurado debe estar integrado en su totalidad por ciudadanos, mientras que el segundo permite una mixtura de jueces y jurados populares. "Nosotros estamos a favor de un sistema puro, porque está probado que la presencia de magistrados o especialistas hace que los jurados populares se dejen guiar o manipular por su conocimientos técnicos. Y justamente la idea de estos juicios es todo lo contrario", agregó Harfuch.
En diálogo con LPO, el prestigioso jurista Alberto Binder celebró las palabras de Cristina Kirchner: "Estoy absolutamente a favor de impulsar un cambio muy profundo en la justicia. Esto se da en el marco de una reforma procesal penal que ya tiene un proyecto en el Congreso y que contempla los juicios por jurados. Así que será bienvenida la iniciativa del Poder Ejecutivo. Este sistema no resiste más".
El proyecto al que hace referencia Binder es el presentado por el diputado kirchnerista Oscar Albrieu en junio de 2010 y que recoge los lineamientos del codigo INECIP 2004, que aún tiene estado parlamentario, y el del 2007 elaborado en el marco de la comisión asesora del ministerio de Justicia.
Sin embargo, el jurista consideró que no será fácil avanzar con su implementación, porque "hay unos cuantos jueces federales con un poder extorsivo muy grande". Y concluyó: "Muchos de los jueces no están preocupados por terminar con la impunidad, sino por jugar a la política. Son la cara un submundo mucho más grande, que es la corrupta corporación judicial. Espero que el Gobierno se decida a no dejarse presionar por ese inmenso poder".
Las críticas
Los principales detractores de este modelo plantean una serie de objeciones, como su alto costo económico. Es que los integrantes del jurado cobrarían una suerte de salario por sus servicios prestados, además del gasto que podría implicar "encerrar" a veinte personas en un hotel para que no tengan contacto con el exterior, como suele hacerse en algunos casos.
"No es cierto que sea más costoso, ni que en todos los casos se deban alojar en hoteles. Eso sucede en situaciones muy resonantes, de enorme impacto mediático. Pero en la mayoría vuelven a sus casas. Por supuesto, tienen que cumplir con su obligación de no comentar nada con nadie, ni de dejarse influir", sale al cruce Harfuch.
Más contundente fue la respuesta de una fuente de LPO que recorre a menudo los pasillos de Tribunales: "Los jueces de Casación cobran 50.000 pesos por mes y después dicen que el juicio por jurados es caro. Es un disparate".
Otra de las objeciones que se plantean y el que acaso mayor debate genera es si este tipo de enjuiciamiento vendría acompañado por el principio de Plea Bargaining que se aplica en los Estados Unidos, a partir de la cual los imputados pueden declararse culpables y evitar un juicio, a cambio de una pena menor. Esta modalidad, que sin dudas agiliza las causas -menos del 3% llegan a esta instancia-, genera también una pérdida del derecho a la defensa y de la búsqueda de la verdad.
Pero Harfuch explica que no necesariamente se tendría que utilizar el Plea Bargaining, puesto que aquí también existen mecanismos para intentar alivianar el trabajo del Poder Judicial, como las probation, las mediaciones o los juicios abreviados. "Aquí también llegan a juicio oral una porción muy pequeña, los más graves".
El antecedente de Córdoba
Desde hace seis años, Córdoba implementó un sistema de enjuiciamiento con participación ciudadana, muy parecido al que se usa en Italia y Francia: una corte integrada por tres jueces y ocho jurados populares.
A la hora de deliberar, dos de las magistrados votan junto a los ocho ciudadanos. En caso de empate, define el juez que quedó afuera. Se trata de una composición del tipo escabinado.
El catedrático de la UBA y presidente de la Cámara en lo Penal Económico, Edmundo Hendler, ya se había mostrado a favor, al asegurar que el juicio por jurados en esa provincia está funcionado correctamente. "Siempre habrá algún detractor, pero sus resultados positivos desvirtúan el viejo argumento de que la población argentina no está suficiente madura", declaró.
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