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jueves, 9 de julio de 2015

El fuero Laboral se encuentra colapsado.- *

Hay demasiado trabajo
Foto: Cij
El fuero Laboral se encuentra colapsado, ya que al incremento de la litigiosidad se le suma a la necesidad de personal y la deficiente situación en la que se encuentran los edificios. Diario Judicial te cuenta los principales problemas y las diferentes iniciativas.
En las últimas reuniones del Consejo de la Magistratura, los integrantes del Cuerpo plantearon la grave situación del fuero laboral.  En primer lugar, consideraron la necesidad de incorporar personal en la Justicia Nacional del Trabajo y, de esta forma, completar la dotación y equilibrar la labor.
El consejero Héctor Recalde expresó que "la ley 24.522 modificó el sistema de quiebras y, de esta forma, trasladó los juicios laborales contra empresas en convocatoria de acreedores o quiebra a la Justicia Comercial. Junto a dicha competencia, también se trasladó el personal. En 2005 se sancionó la ley 26.086, por la cual se recuperó la competencia, pero no los trabajadores trasladados”.
Así, debemos recordar que de los juzgados 1 al 68 se quitó una persona de cada uno para destinarla a la Justicia Comercial y Seguridad Social. Sin embargo, la situación se agravó cuando se crearon los juzgados 69 al 80, donde por presupuesto sólo se le dio cuatro cargos: juez, secretario, prosecretario y el empleado de mesa de entrada. Estos últimos, solamente se dedicaban a sacar sentencias, pero luego adoptaron toda la competencia. En la actualidad, continúan los constantes reclamos para que se complete la dotación de personal.
“Hoy con un juzgado completo no alcanza, necesitaríamos dos cargos más para tratar de equilibrar el trabajo. Entre la presión que cada uno siente, la cantidad de horas de trabajo y el acoso de los jueces, hace que haya más de 50 licencias psiquiátricas en el fuero. La realidad es que no se puede más”, afirmó a Claudio Sciolini, Secretario General de la Comisión Interna del Fuero Laboral.
Al aumentar la demanda de litigiosidad, se pasó a tener por juzgado un promedio de 120 expedientes por mes que se acumulan incesantemente. “Si trabajas las 24 horas, los 365 días del año, no podes ponerte al día, ya que entran 120 expedientes por mes y el mejor juzgado saca 60 y sobra la otra mitad”, destacó Sciolini.
Frente a esta situación, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo acordó comunicar mediante Acta Nº 2619/2015, que “se recuerda a todos los organismos del Fuero que está prohibido el ingreso de personal a prestar servicios durante los días sábados y domingos. Cualquier necesidad extraordinaria deberá ser puesta en conocimiento de la Cámara para ser girada oportunamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“El fuero está a nivel de catástrofe, porque han aumentado la cantidad de juicios. Tengo conocimiento de que se han hecho  gestiones ante la Corte Suprema de Justicia, donde Ricardo Lorenzetti dijo que asignaría un relator más por cada juzgado del trabajo, es decir 68. Sería oportuno que el Consejo pida la designación de los trabajadores”, agregó Recalde y, de esta forma, se resolvió por unanimidad enviar un oficio al Supremo Tribunal a los efectos de solicitar la habilitación de los cargos.
Más expedientes, más juzgados
A través de un proyecto de ley, el diputado nacional Héctor Recalde propuso la creación de diez Juzgados Nacionales de Primera Instancia (81 a 90) y dos Salas en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; mientras que el diputado Facundo Moyano elevó otra iniciativa donde adiciona dos secretarias a cada uno, siendo una de ellas competente para el conocimiento exclusivo de los procesos de ejecuciones fiscales. Asimismo, prevé la creación de una sala en la Cámara.
De las estadísticas del Poder Judicial de la Nación surgen que en los ochenta Juzgados Nacionales del Trabajo ingresaron en el año 2013 -último año con datos publicados por la Secretaria de Estadísticas- un total de 63.953 expedientes y, por otro lado más de 18.000 en la Cámara. Estos números arrojan un promedio anual de 799 expedientes por juzgado y más de 1822 por sala. Además, debemos añadir un total de 112.106 en ejecución en el ámbito de los juzgados laborales.
Respecto a la litigiosidad y el ingreso de causas, los datos demuestran que la tendencia descendente – entre 2002 y 2004- se ha visto revertida durante el periodo 2005-2010, con incrementos entre extremos que oscilan aproximadamente entre el 80 y 130 por ciento.
“Estos datos evidencian el crecimiento sostenido del ingreso de expedientes, lo que nos permite inferir una clara tendencia alcista en el fuero. Esta situación crítica por la que atraviesa la Justicia Nacional del Trabajo amerita la creación de nuevos tribunales”, relata el dictamen del Consejo para emitir opinión favorable sobre el proyecto.
En esa línea argumental, los consejeros destacaron que “la demora en el trámite de los procesos laborales implica la privación para los trabajadores de los derechos que les corresponden a percibir indemnizaciones, diferencias salariales y otros conceptos, todos de naturaleza alimentaria”.
El eterno problema de los edificios
Sumado a la falta de personal, la jurisdicción se encuentra al borde del colapso estructural, puesto que presentan graves problemas de infraestructura: baños precarios, falta de insumos e inmobiliario, expedientes acumulados y problemas estructurales. A esto se le suman las constantes demoras en las obras de refacción y mantenimiento.
“No hay salidas de emergencias, por ejemplo, en el edificio de calle Perón. Hay expedientes en los baños, cocinas y pasillos y, por otro lado, el archivo no recibe más expedientes. Hay constantemente pulgas y, de esta forma, se tuvo que hacer desinfección por las ratas y cucarachas. Es terrible en la forma que se está trabajando”, destacó Claudio Sciolini.
Actualmente los edificios más problemáticos son los ubicados en las calles Perón 990 y Diagonal 760.  Desde la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Verónica Nuguer afirmó que “desde antes de fines del año 2011 hemos venido recibiendo quejas de los colegas respecto de la situación edilicia del edificio de Perón 990 y efectuando las denuncias pertinentes al respecto".
“Recordamos que durante noviembre y diciembre de 2011 los trabajadores de ese edificio realizaron medidas de fuerza para alertar la falta de condiciones de seguridad del mismo. Si bien en ese momento se tomaron algunas medidas, las mismas fueron insuficientes, y el edificio continuó funcionando”, aseveró Nuguer. En la actualidad, se puso en marcha los trabajos en el edificio de Paraná y Lavalle que albergará 14 juzgados de los inmuebles de Perón y Diagonal, los cuales se irán instalando por etapas. 
Durante los últimos años, la Asociación ha planteado las diferentes problemáticas a las autoridades del Consejo de la Magistratura y de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. “En las reuniones nos han expresado que en la mayoría de los casos, como es el de la puesta en funcionamiento del edificio de Lavalle y Paraná, era competencia del Consejo de la Magistratura su resolución”, agregó.
Respecto a los problemas puntuales del fuero laboral, desde la Asociación concluyeron que "son la falta de cobertura de las vacantes de jueces, que debe hacerse por el procedimiento constitucional, la necesidad de designación de más personal en los Juzgados, los problemas de infraestructura, la falta de insumos. Es necesario lograr la celeridad de los juicios laborales, ya que en ellos se discuten créditos alimentarios”.
* ver: http://www.diariojudicial.com/fuerolaboral/Hay-demasiado-trabajo--20150706-0005.html.-

lunes, 26 de septiembre de 2011

Justicia y libertad de expresión.-


Hace algunos días, salió en la prensa de gran difusión una nota, acusando al Juez en lo Penal Económico Alejandro Catania de atentar contra la libertad de expresión. En la nota se lo acusa de armar listas negras contra ciertos periodistas, además de poner en duda su capacidad profesional para ocupar el lugar de juez.
Desde este espacio queremos dar nuestro apoyo al Juez Catania (miembro del Consejo Consultivo del CIPCE) de reconocidísima trayectoria tanto profesional como académica.
En los últimos años estamos viendo un fenómeno inusitado en el periodismo. Un periodismo que no admite críticas, y ante cada cuestionamiento se impone el discurso de la libertad de expresión como una pseudo inmunidad. En primer lugar, somos los primeros en defender la libertad de expresión, ya que es la herramienta fundamental que tienen los habitantes del país de expresarse y de informarse en democracia y como consecuencia lógica realizar un correcto control de los actos de gobierno, medida eficaz para prevenir la corrupción. Sin embargo, la libertad de expresión encuentra su límite cuando hay un interés oculto que no se condice con función de informar responsablemente. La prensa independiente es claro que no existe, pero sin embargo hay un deber moral del periodismo de poner sobre la mesa sus intereses al momento de dar una noticia.
Cuando una información de fondo tiene una intencionalidad política, económica o social, la libertad de expresión no debe alcanzar estos supuestos, puesto que lejos de informar para fortalecer la democracia genera un efecto contrario. Pensar que cualquier cuestionamiento a la prensa es un ataque a la libertad de expresión, es una respuesta simplista, y que genera implícitamente una pseudo inmunidad periodística. No poder mostrar el cadáver de una persona entre los fierros de un tren es atentar contra la libertad de expresión, solicitar a un periodista que aporte más datos sobre lo que informa a la justicia es atentar contra la libertad de expresión.  De este modo, consideramos que la citación del periodismo a que informe a la justicia, no es atentar contra la libertad de expresión sino todo lo contrario, colaborar con la justicia para la búsqueda de la verdad.
Por otro lado no queremos dejar de remarcar, la irresponsabilidad de usar el término listas negras para catalogar el pedido realizado por Catania. Querer asimilar la práctica judicial de llamar a declarar como testigos a periodistas con la práctica terrible de las listas negras, es a nuestro modo de ver un atentado a la credibilidad del poder judicial, y a la de un juez que obtuvo su cargo luego de un concurso realizado en democracia. Quisiéramos ver como esos mismos periodistas juzgan sin piedad a los jueces de la dictadura, que legitimaron la desaparición de personas, y colaboraron en las adopciones de los bebes robados durante ese periodo.
Desde este espacio le brindamos nuestro máximo apoyo al ataque al Juez Catania, ya que creemos que el tratamiento de la información de este modo lejos de querer defender la libertad de expresión ataca al Poder Judicial.
Publicado por CIPCE

sábado, 17 de septiembre de 2011

La corporación de los jueces federales traba la implementación de los juicios por jurados.- *

El prestigioso jurista Alberto Binder celebró las palabras de la Presidenta, pero consideró que no será sencillo implementar los juicios por jurados como marca la Constitución porque "hay unos cuantos jueces federales con un poder extorsivo muy importante". Cuales son los beneficios y por qué la corporación judicial se opone a una reforma.

Por Andrés Wainstein  |  16.09.2011 17:07:00
Aunque no realizó un anuncio formal, Cristina Kirchner mencionó la necesidad de una profunda reforma en el Poder Judicial y reflotó la idea de aplicar un nuevo -aunque ya conocido- sistema de enjuiciamiento. "Sería bueno comenzar a repensar si podemos recuperar esa demanda constitucional del juicio por jurados", fueron las palabras de la Presidenta, en su primer acto público tras la gira por Francia.

En rigor, este modelo no es novedoso: además de aplicarse en muchísimos países, como Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, Puerto Rico, Nicaragua o Japón, también fue incluido en nuestra Constitución Nacional en 1853, e incluso aparece en textos y proyectos anteriores. Pero, ¿cómo funciona y por qué -aunque es mencionado en la ley suprema- no es implementada en la justicia argentina? La Política Online se comunicó con especialistas en la materia para analizarlo.

"El juicio por jurados lo que intenta es democratizar y transparentar el Poder Judicial. Busca que los ciudadanos participen en la administración de justicia. Ya no serían los magistrados los únicos actores, sino que en los casos más graves sería un cuerpo de 12 ciudadanos el que definiría la culpabilidad o la inocencia", explicó Andrés Harfuch, integrante de la junta directiva del Instituto de Estudios Comparado en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

Como se ve en las películas de los Estados Unidos, los delitos más severos o las mega causas de corrupción se dirimirían en un juicio en el que la última palabra la tiene un jurado integrado por ciudadanos de a pie, sin ninguna formación en Derecho. Esto evita que los jueces puedan ser presionados o corrompidos por el poder político o económico.

Pero existen dos modelos: el clásico (también conocido como anglosajón o puro) y el escabinado. El primero entiende que el jurado debe estar integrado en su totalidad por ciudadanos, mientras que el segundo permite una mixtura de jueces y jurados populares. "Nosotros estamos a favor de un sistema puro, porque está probado que la presencia de magistrados o especialistas hace que los jurados populares se dejen guiar o manipular por su conocimientos técnicos. Y justamente la idea de estos juicios es todo lo contrario", agregó Harfuch.

En diálogo con LPO, el prestigioso jurista Alberto Binder celebró las palabras de Cristina Kirchner: "Estoy absolutamente a favor de impulsar un cambio muy profundo en la justicia. Esto se da en el marco de una reforma procesal penal que ya tiene un proyecto en el Congreso y que contempla los juicios por jurados. Así que será bienvenida la iniciativa del Poder Ejecutivo. Este sistema no resiste más".

El proyecto al que hace referencia Binder es el presentado por el diputado kirchnerista Oscar Albrieu en junio de 2010 y que recoge los lineamientos del codigo INECIP 2004, que aún tiene estado parlamentario, y el del 2007 elaborado en el marco de la comisión asesora del ministerio de Justicia.

Sin embargo, el jurista consideró que no será fácil avanzar con su implementación, porque "hay unos cuantos jueces federales con un poder extorsivo muy grande". Y concluyó: "Muchos de los jueces no están preocupados por terminar con la impunidad, sino por jugar a la política. Son la cara un submundo mucho más grande, que es la corrupta corporación judicial. Espero que el Gobierno se decida a no dejarse presionar por ese inmenso poder".

Las críticas 

Los principales detractores de este modelo plantean una serie de objeciones, como su alto costo económico. Es que los integrantes del jurado cobrarían una suerte de salario por sus servicios prestados, además del gasto que podría implicar "encerrar" a veinte personas en un hotel para que no tengan contacto con el exterior, como suele hacerse en algunos casos.

"No es cierto que sea más costoso, ni que en todos los casos se deban alojar en hoteles. Eso sucede en situaciones muy resonantes, de enorme impacto mediático. Pero en la mayoría vuelven a sus casas. Por supuesto, tienen que cumplir con su obligación de no comentar nada con nadie, ni de dejarse influir", sale al cruce Harfuch.

Más contundente fue la respuesta de una fuente de LPO que recorre a menudo los pasillos de Tribunales: "Los jueces de Casación cobran 50.000 pesos por mes y después dicen que el juicio por jurados es caro. Es un disparate".

Otra de las objeciones que se plantean y el que acaso mayor debate genera es si este tipo de enjuiciamiento vendría acompañado por el principio de Plea Bargaining que se aplica en los Estados Unidos, a partir de la cual los imputados pueden declararse culpables y evitar un juicio, a cambio de una pena menor. Esta modalidad, que sin dudas agiliza las causas -menos del 3% llegan a esta instancia-, genera también una pérdida del derecho a la defensa y de la búsqueda de la verdad.

Pero Harfuch explica que no necesariamente se tendría que utilizar el Plea Bargaining, puesto que aquí también existen mecanismos para intentar alivianar el trabajo del Poder Judicial, como las probation, las mediaciones o los juicios abreviados. "Aquí también llegan a juicio oral una porción muy pequeña, los más graves".

El antecedente de Córdoba

Desde hace seis años, Córdoba implementó un sistema de enjuiciamiento con participación ciudadana, muy parecido al que se usa en Italia y Francia: una corte integrada por tres jueces y ocho jurados populares.

A la hora de deliberar, dos de las magistrados votan junto a los ocho ciudadanos. En caso de empate, define el juez que quedó afuera. Se trata de una composición del tipo escabinado.

El catedrático de la UBA y presidente de la Cámara en lo Penal Económico, Edmundo Hendler, ya se había mostrado a favor, al asegurar que el juicio por jurados en esa provincia está funcionado correctamente. "Siempre habrá algún detractor, pero sus resultados positivos desvirtúan el viejo argumento de que la población argentina no está suficiente madura", declaró.