Se analiza si el ex titular de la cartera de Economía favoreció a ciertas empresas privadas cuando decidió estatizar la deuda en 1982.-
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dio intervención a la Procuración General del Tesoro para que determine si corresponde "el inicio de las acciones de reparación" a favor del Estado contra el ex ministro de Economía Domingo Cavallo y otros funcionarios que llevaron adelante la "estatización de la deuda externa privada", que luego se transformó en u$s17 mil millones de deuda pública.
Fuentes judiciales le informaron a la agencia NA que la medida del juez obedece a un pedido formulado por el fiscal federal Federico Delgado para saber si esa medida económica hizo que se favorecieran a ciertas empresas privadas.
Estas medidas se dan en el marco de una causa que se investiga a Cavallo, quien en 1982 era presidente del Banco Central y luego se desempeñó como ministro de Economía en el Gobierno de Carlos Menem y Fernando De la Rúa.
Según ese dictamen de Delgado, la estatización que se llevó a cabo en 1982 "significó, aproximadamente, el monto equivalente a diecisiete mil millones de dólares del total de los u$s43.000 millones que aglomeraba la deuda externa declarada en 1983".
El fiscal insistió con que "el objeto procesal que abarca esta "mega causa" es complejo yrequiere una mirada contextual para comprender los hechos que derivaron en el incremento del endeudamiento de la Argentina".
En su acusación, Delgado aseguró que "las empresas del sector privado se beneficiaron progresivamente con los regímenes de seguros de cambio instaurados, a partir del año 1981, por el Banco Central de la República Argentina", y agregó que ello derivó "en la puesta en marcha de la estatización de la deuda externa privada mediante la comunicación "A" 251 del banco del mes de septiembre de 1982".
"En palabras del economista Eduardo Basualdo, en el fracaso dictatorial y el advenimiento del nuevo gobierno constitucional, no se produjo una impugnación de la legalidad, ni de la legitimidad de lo actuado por la dictadura militar en materia de los seguros de cambio o de la estatización de la deuda externa privada", expresó el fiscal.
Delgado justificó "la inminente necesidad de dar intervención al Procurador del Tesoro, a los efectos resarcitorios", y para evitar la posibilidad de prescripción de la causa "ya que si esta muere comienza a fenecer la posibilidad del reclamar la responsabilidad de funcionarios que subordinaron el interés público al que debían defender a los privados que debían controlar".
Fuentes judiciales le informaron a la agencia NA que la medida del juez obedece a un pedido formulado por el fiscal federal Federico Delgado para saber si esa medida económica hizo que se favorecieran a ciertas empresas privadas.
Estas medidas se dan en el marco de una causa que se investiga a Cavallo, quien en 1982 era presidente del Banco Central y luego se desempeñó como ministro de Economía en el Gobierno de Carlos Menem y Fernando De la Rúa.
Según ese dictamen de Delgado, la estatización que se llevó a cabo en 1982 "significó, aproximadamente, el monto equivalente a diecisiete mil millones de dólares del total de los u$s43.000 millones que aglomeraba la deuda externa declarada en 1983".
El fiscal insistió con que "el objeto procesal que abarca esta "mega causa" es complejo yrequiere una mirada contextual para comprender los hechos que derivaron en el incremento del endeudamiento de la Argentina".
En su acusación, Delgado aseguró que "las empresas del sector privado se beneficiaron progresivamente con los regímenes de seguros de cambio instaurados, a partir del año 1981, por el Banco Central de la República Argentina", y agregó que ello derivó "en la puesta en marcha de la estatización de la deuda externa privada mediante la comunicación "A" 251 del banco del mes de septiembre de 1982".
"En palabras del economista Eduardo Basualdo, en el fracaso dictatorial y el advenimiento del nuevo gobierno constitucional, no se produjo una impugnación de la legalidad, ni de la legitimidad de lo actuado por la dictadura militar en materia de los seguros de cambio o de la estatización de la deuda externa privada", expresó el fiscal.
Delgado justificó "la inminente necesidad de dar intervención al Procurador del Tesoro, a los efectos resarcitorios", y para evitar la posibilidad de prescripción de la causa "ya que si esta muere comienza a fenecer la posibilidad del reclamar la responsabilidad de funcionarios que subordinaron el interés público al que debían defender a los privados que debían controlar".
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