Entre las obras sociales sindicales y las empresas de medicina prepaga
Posibilidades que tienen los usuarios de hacerse atender libremente donde elijan. Entidades que captaron a quienes perciben los mayores salarios y otras que mantuvieron a los que cobran los más bajos.
Frenar el traspaso de trabajadores de las obras sociales sindicales a las empresas de medicina prepaga, que “captaron a quienes perciben mayores salarios mientras las obras sociales se quedaron con los que cobran menos”, es una reiterada pretensión de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT).
Para las entidades que nuclean a las prepagas, el gobierno nacional cometería un “error garrafal” si permitiera que 4,5 millones de usuarios “perdieran un derecho adquirido, como es la posibilidad de atenderse libremente donde elijan”.
Después de que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) publicitara que la central obrera había aceptado la suba del 20% en el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, Hugo Moyano hizo otro tanto, también delante de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), con el aumento salarial escalonado del 24% hasta marzo del 2012 para los 180.000 trabajadores transportistas. El secretario general de la central obrera presionó, además, para que fueran liberados unos 9.000 millones de pesos –6.800 millones de acuerdo con otros cálculos– acumulados en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Pese a que la CGT parecería dispuesta a iniciarle un juicio al Poder Ejecutivo Nacional para que libere ese fondo depositado en el Banco de la Nación Argentina, aquél estudiaría destinar el excedente a ampliar las prestaciones. Con las obras sociales mantiene deudas, asimismo, debido a los reintegros de la Administración de Programas Especiales por las coberturas de los tratamientos de alta complejidad y de los medicamentos oncológicos y más caros.
Como las demoras se prolongaron a veces hasta un año, provocaron desequilibrios financieros en las obras sociales. Ésta es otra de las cuestiones que se propuso tratar la cúpula de la CGT con Juan Manzur, ministro de Salud de la Nación. Por otra parte, nadie se sorprendería si este funcionario aprovechara para referirse al medio centenar de obras sociales investigadas por cobrar reintegros indebidos de la Administración de Programas Especiales y a que, por ahora, la Justicia avanzó con las de los bancarios y los camioneros. Aparte de las graves irregularidades verificadas entre el 2002 y el 2005 por la Auditoría General de la Nación, el 13 del actual la oposición denunció en el Senado a los gremios por prácticas carentes de transparencia y hasta acusó al Poder Ejecutivo Nacional de permitirlas.
Después de abandonar sus tareas como gerente general de la Administración de Programas Especiales, acatando al parecer instrucciones de Moyano, se produjo el retorno de Daniel Colombo Russell y los funcionarios que lo secundaron. Fue por poco tiempo: dejó el cargo el 4 del actual ante la imposibilidad de agilizar los reintegros, en parte como consecuencia de la causa de la “mafia de los medicamentos”. Dos días después Manzur nombró al frente del organismo a Martín Alves, un hombre de su confianza.
El gobierno incluso elevó el 30% el subsidio automático (Sano), para garantizar aportes por 200 millones de pesos al año a las prestadoras sindicales. Quizás lo hizo para descomprimir las presiones de Moyano y la CGT, cuando trascendía que de los 9.000 millones –o 6.800– CFK no cedería más de 1.000 millones en este 2010 (envió 250 millones en enero pasado y prometió otras tres remesas iguales).
Manzur fue postergando la reunión con Moyano y compañía para analizar el reparto de los recursos acumulados en el Fondo Solidario de Redistribución y acelerar los reintegros de la Administración de Programas Especiales. Cerca de Moyano señalaron que desde noviembre pasado “la Administración de Programas Especiales no pone la plata por los medicamentos de alto costo y nos estamos desfinanciando. Además, por los temores de que los troqueles sean ‘truchos’, no se liberan los fondos”.
Desde la desregulación del sistema de salud y la posibilidad de que los asalariados tuvieran la opción de cambiar de obra social una vez por año, aprobadas en el mandato de Carlos Menem, una veintena de ellas suscribió acuerdos con prepagas para derivar la atención de afiliados, mayormente los jóvenes, sanos y con mejores remuneraciones. En tanto, en las obras sociales permanecieron los de mayor edad y con varios hijos, con problemas de salud y sueldos más bajos. Obras sociales de gremios chicos ascendieron en el ranking al captar a trabajadores de otras actividades, en especial los que ganan sueldos más altos. En algunos casos cuentan con más afiliados que los de sus propias actividades. (Ver infografía)
Graciela Ocaña, ministra de Salud durante la gestión de Néstor Kirchner y un tramo de la de CFK, estableció entre sus prioridades integrar el sistema de salud, articulando las obras sociales y nacionales con el resto de los sectores de modo que no existiera tanta fragmentación y sobre la base de la atención primaria de la salud. La reforma que se planteó y por la que se enfrentó y aún lo hace con Moyano y sus adláteres fue la “importante inversión” que se hace a través de los gobiernos nacional, provinciales y municipales; las obras sociales sindicales y provinciales, PAMI y las prepagas.
Antes de abandonar el cargo de superintendente de Servicios de Salud por la presunta malversación de los fondos captados como recaudador para la campaña electoral de CFK, Héctor Capaccioli publicitaba que el organismo, en el 2008, regulaba, controlaba y asistía técnicamente a las obras sociales sindicales y de personal de dirección. Sobre los programas preventivos financiados, opinaba que eran fundamentales para la detección precoz de patologías causantes de muertes de la población y que funcionaban como estímulos para las obras sociales.
En el período 2000/2001 fue habitual que usuarios de ingresos medianos y altos tuviesen cobertura médica tanto de las prepagas como de las obras sociales que les correspondían (“doble afiliación”), con lo cual comenzó el deterioro de la infraestructura pública de salud, por lo que se intentó arancelar los servicios de hospitales estatales y transferir los nacionales a las provincias.
Aunque el triple crimen de General Rodríguez puso bajo sospecha los aportes de laboratorios, droguerías y compañías de prótesis e insumos a la campaña electoral a la presidencia de CFK en el 2007, esas empresas contribuyeron a la de Néstor Kirchner en el 2003 y en los comicios legislativos del 2005.
Fuente: Rio Negro.com.ar
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