VIERNES 17 DE ABRIL DE 2009
Publicado en Buenos Aires Económico el 15 de abril de 2.009.-
Casi no pasa semana sin que figuras relevantes de la política, del sindicalismo, del empresariado y del mundo académico se declaren, pública o mediáticamente, a favor de la pronta implantación institucional del Consejo Económico Social (CES).
Recordé hace poco el infausto destino del Consejo Nacional Económico Social (CONES) inspirado en un proyecto de la Confederación General Económica de 1963, organizado por una ley de facto en 1972 y disuelto por el gobierno constitucional en 1973, sin haber llegado a cumplir alguno de los fines de su creación.
La ley que en diciembre de 1993, que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución de 1853/60, habilitó entre los temas a debatir por la Convención Constituyente, la creación de un CES consultivo. Los países –Francia y España, entre otros– a los que preferentemente dirigen su mirada los afectos a la idea de un CES argentino constitucionalizaron al organismo mucho tiempo atrás. La Convención de Santa Fe optó por no tratar el tema.
En sentido positivo se orientaron, en cambio, los convencionales que el 1º de diciembre de 1996 dictaron la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo artículo 45 instituyó un CES con iniciativa parlamentaria “integrado por asociaciones sindicales de trabajadores, organizaciones empresariales, colegios profesionales y otras instituciones representativas de la vida económica y social”, supeditando su botadura, empero, a la previa sanción de una ley reglamentaria.
Luego del restablecimiento de la normalidad institucional en 1983, atravesaron el Congreso Nacional numerosos proyectos de ley presentados por legisladores oficialistas y opositores, que por falta de tratamiento perdieron estado parlamentario, aun después de reproducidos una y más veces.
Fundando uno de esos proyectos, que introdujo durante su breve paso por el Senado entre el 2001 y el 2002, el doctor Raúl Alfonsín vinculó expresamente al CES con la política de consenso, “pilar de la democracia moderna y herramienta fundamental para fortalecer las instituciones de la República”.
En estos días sigue pendiente del dictamen de tres comisiones de la Cámara alta, un proyecto cuidadosamente elaborado y fundamentado por el Senador Rubén Giustiniani, reflotado en marzo del 2008. Recién el 4 de marzo último, con el voto favorable del bloque oficialista, se aprobó una moción de preferencia para que sea tratado prioritariamente cuando las comisiones se expidan.
La Legislatura porteña no se mostró más expeditiva que el Congreso, a pesar de la gravitación que debería haber tenido, por su origen, la directiva de la Convención Constituyente. Ni uno solo de la docena o más de proyectos de ley reglamentaria presentados, entre el 2002 y el 2008, llegaron a discutirse en el recinto.
Motivada por esta inacción, la CGE de la Ciudad de Buenos Aires, ejerciendo, en cierta forma, el albaceazgo ideológico de la CGE nacional, propulsora, desde 1962, de la instalación del CES, promovió, en el 2005, demanda judicial de amparo contra el Gobierno de la Ciudad, alegando la inconstitucionalidad de la conducta omisiva de la Legislatura. El 11 de septiembre de 2007 la cámara de apelaciones en lo contencioso administrativo de la Ciudad hizo lugar a la pretensión y conminó a la Legislatura a dicta la ley reglamentaria del CES durante el período legislativo 2008.
Desobedecido el fallo, la CGE amparista requirió la aplicación de una multa progresiva hasta el día de sanción de la ley. El tribunal prefirió convocar a una audiencia conciliatoria, que se celebró el 25 de marzo pasado, en la que, después de recibir de la Legislatura la seguridad de que ese mismo día sería tratado en comisión un proyecto de ley reglamentaria, se acordó extender el plazo hasta el fin del actual período de sesiones.
A primera vista, la causa de tamañas procrastinaciones parece indescifrable. En el último par de meses se han manifestado públicamente y sin reservas en favor de la pronta implantación del CES la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los ministros de Trabajo y de Planificación Federal, el secretario general de la CGT, los presidentes saliente y entrante de la UIA y otros referentes o voceros autorizados de sectores sociales diversos, sin excluir al reticente titular de la Federación Agraria. Desde el campo del pensamiento estratégico, el economista Aldo Ferrer ha enriquecido las propuestas sectoriales con sugerencias –como la integración en el CES de consejeros representantes de universidades y asociaciones profesionales– que fortalecerían al organismo como instrumento apto para consolidar y ahondar, en el mediano y lago plazo, los incipientes cambios que reclama el modelo de desarrollo autónomo con equidad e inclusión social.
¿Qué fuerzas ocultas se oponen a la concreción de un propósito explícitamente compartido, como pocos en la presente coyuntura, por tirios y troyanos? ¿Quiénes temen tanto al CES como para emplear cuanto artificio les convenga a fin de aplazar indefinidamente su puesta en marcha?
Los años vividos bajo el fundamentalismo de mercado favorecieron la hipertrofia y alto grado de “profesionalización” de una inveterada actividad mercenaria consistente en ejercer influencia y presionar en favor de determinados intereses, persuadiendo a legisladores y funcionarios, de diversos modos y maneras, sobre la conveniencia o inconveniencia de dictar normas en materia económica, laboral y social, o de hacerlo en determinado sentido. Esta actividad, muy generosamente remunerada, corre el riesgo cierto, si el CES entra en acción, de ver pronto reducidas su operatividad y eficacia, y el lucro inherente, a su mínima expresión.
Esto me induce a sospechar dónde se origina el continuado malogro de un proyecto reivindicado por la Presidenta de la Nación, instado por los partidos políticos con mayor representación parlamentaria y respaldado por los más conspicuos referentes de los sectores laboral, productivo e intelectual.
Por algún motivo que acaso tenga que ver con lo antedicho, en este momento resuena en mis oídos, a modo de paráfrasis de la memorable cancioneta festiva de los inolvidables humoristas de ayer Delfor y Aldo Cammarota, una intencionada letrilla: “¡Deben ser los lobbistas, deben ser!”
Por Carlos GarberAbogado (UBA), Master of Laws in Comparative Law (SMU)
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