sábado, 21 de mayo de 2011

INFORME DEL INSTITUTO PENSAMIENTO Y POLITICAS PUBLICAS.- *

Si hubiese fifty fifty el salario promedio sería $ 4.524 y no $ 2.083

¿Realmente ha mejorado la distribución del ingreso o es solamente un slogan de Cristina Fernández y Hugo Moyano, un día socios y otros día enfrentados? 
Compacto del trabajo coordinado por el diputado nacional (Ciudad de Buenos Aires-Proyecto Sur) y economista del Instituto Pensamiento y Políticas Públicas, Claudio Lozano, y Tomás Raffo, que refuta lo afirmado por Cristina y Moyano. y Tomás Raffo (en el PDF adjunto el trabajo original):
 
 
El debate entorno al denominado fifty-fifty (50% para los trabajadores y 50% para los empresarios) que se entablara entre el Secretario General de la CGT y la Presidenta en el marco de la conmemoración del 1ero de Mayo, es falso en un triple sentido.
 
Es un debate falso en términos conceptuales. El patrón de acumulación vigente no se funda en la ampliación del salario y la demanda interna como variables claves de su dinámica. 
 
Por el contrario, la valorización del capital se sostiene en base a la demanda mundial y al consumo de los sectores más pudientes de la sociedad. 
 
En ese marco, es virtualmente imposible que el devenir del proceso de acumulación pueda producir por sí solo una distribución (el fifty-fifty) que es ajena a la lógica de su valorización.
 
Más aún, ha sido la ampliación de la desigualdad y no su disminución la que permitió abrir la fase de crecimiento acelerado iniciado a mediados del 2002, así como fue la ampliación de la desigualdad (y no su disminución) la que permitió salir del proceso recesivo iniciado a finales del 2008.
 
No se puede pretender alcanzar el fifty-fifty en el marco del actual patrón de acumulación sobre la base exclusiva de atender la situación de los trabajadores registrados (como puede ser el caso de los proyectos de participación de las ganancias en las grandes firmas y eliminación del mínimo no imponible). 
 
Estos proyectos de por sí aumentan la desigualdad (y no la disminuyen) al interior de los sectores populares (en tanto se amplía la distancia entre los asalariados registrados y el resto de los sectores populares) y no tienen asegurado avanzar en una mayor participación dentro de la economía, puesto que tienen que hacer frente a la resistencia empresaria (hoy expresada en el sostenido aumento de precios) que no solo esteriliza estas mejoras sino que, como lo ocurrido recientemente, puede ampliar la desigualdad.
 
Es un debate falso en términos metodológicos. Al comparar los datos de la distribución actual con los datos históricos (como por ejemplo el 50,8% de 1954 del primer peronismo ó el 46,9% de 1973 previo al Golpe Militar) se está desconociendo que estas dos series estadísticas no son directamente
comparables. 
 
Las diferencias relativas a la medición del PBI (a costo de factores vs. a precios básicos) y las vinculadas con la economía informal son suficientes para que el propio organismo público encargado de la confección de ambas series aclarara que no se pueden comparar ambas series.
 
Es un debate falso en términos empíricos: El 48,1% de participación de los trabajadores en el PBI no está avalado por ningún informe estadístico del INdEC. El último dato oficial, del INdEC intervenido, es del 43,6% perteneciente al año 2008.
 
Si el 48,1% fuera cierto para el año 2009, resulta que en plena crisis mundial y en el marco de una incipiente recesión interna (que hizo que se financiara con aportes de trabajadores y jubilados el nivel de actividad de las principales firmas –ejemplo, Repro-), los trabajadores habrían alcanzado el mayor porcentaje de participación de toda la serie actual (que arranca en 1993) e incluso superarían (en la visión oficial), la participación que se evidenciaba en 1973 (del 46,9%) previo al Golpe Genocida y en el marco de una Argentina industrial, de pleno empleo y asalarización formal extendida.
 
Si en cambio, el 48,1% correspondiese al año 2010, entonces resulta que el salario promedio de la economía debería ser de $4.524 en lugar de los $2.083 que informa el INdEC; o bien que manteniendo el salario promedio existiese casi 26 millones de ocupados en lugar de los 12 millones actuales (con lo que no solo no tendríamos ni un desempleado, sino que en lugar de un boom turístico tendríamos un boom de trabajadores extranjeros en nuestro país).
 
El último dato confiable sobre la distribución funcional del ingreso es del año 2006 (obviamente previo a la burda manipulación de las estadísticas públicas).
 
En aquel momento la participación de los asalariados era del 41,5% que suponía un aumento significativo en comparación con la caída del 34,6% del 2002, pero que aún estaba por debajo del 2001 (42,1%) y lejos del momento inicial de la serie (el44,7% de 1993).
 
No obstante lo anterior, si se compara cada año de la distribución funcional con el momento inicial de la serie (1993) se constata que, en todos los 15 años que tiene la serie (incluido el 2007 y el 2008) se observa que la participación, tanto de los asalariados como del ingreso mixto (cuenta propistas y pequeños patrones) es menor que al del momento inicial, mientas que la participación de las ganancias empresarias es mayor. 
 
Es decir, en estos 15 años, más allá de si estamos en la Convertibilidad o en la Post-Convertibilidad, y más allá de los momentos de crecimiento ó caída del nivel de actividad, lo que ha sido una constante del funcionamiento económico es un persistente proceso de transferencia regresiva del ingreso (de los trabajadores y cuentapropistas hacia los empresarios).
 
En los 8 años de la Convertibilidad los trabajadores transfirieron un 40,2% de los ingresos que tenían en 1993, los cuentapropistas transfirieron un 36,7% y los empresarios se apropiaron de un 76,8% más de ingresos.
 
En los 7 años de la post-Convertibilidad, los trabajadores transfirieron un 41,4% de los ingresos que tenían en 1993, los cuentapropistas transfirieron un 61,6% y los empresarios se apropiaron de un 102,9% más de ingresos.
 
Desde antes que se conocieran los datos oficiales, nuestro Instituto ha realizado una estimación alternativa a la distribución funcional. Se trata de estimar la totalidad de la masa de ingresos que apropian los sectores populares (tanto ocupados, como los jubilados, los planes sociales, etc) y compararlo con el PBI. 
 
Al respecto, el último dato elaborado para el 2010 indica que los sectores populares tienen una masa de ingresos que representa el 27,6% del PBI, se trata de un porcentaje similar al evidenciado en el 2006 (27,1%) y aún por debajo al verificado para el 2001 (del 33,4%).
 
Nuestra serie es prácticamente similar a la serie oficial para el período 2001 – 2006, siendo la diferencia importante en el nivel de la participación, pero no en la tendencia de la misma. 
 
En efecto, nuestra serie indica que los sectores populares perdieron 11,3 puntos en el 2002 (la serie oficial indica que en ese año se perdieron 10,3 puntos). 
 
Por otro lado, en la reactivación del 2003 al 2006 nuestra serie arroja una mejora de casi 6 puntos respecto al 2002; mientras que la serie oficial muestra una recuperación de 7 puntos. 
 
En ambos casos, el 2006 revela una participación menor a la del 2001 (en nuestra serie de 5,5 puntos; y en la serie oficial de 3,3 puntos).
 
El dato novedoso de nuestra serie es que el 2010 muestra una participación equivalente al 2006 (del 27% / 28%); es decir muestra un estancamiento de la distribución funcional en estos 4 años. 
 
Más aún, se observa durante el 2007 y el 2009 una mejora en la participación de los sectores populares (que llega al 32% en donde también incide la manipulación de los datos del INdEC que no se pueden reelaborar), pero lo que es contundente es la caída en la participación de los sectores populares durante el 2010 (en el momento en que la economía sale de la recesión del 2009).
 
El aumento de la regresividad distributiva del 2010 también se observa al comparar los datos agregados de la actividad productiva con el año 2007. 
 
En 4 años el nivel de actividad se expandió un 24,3%; el nivel de ocupación sólo el 5,2% lo que supuso que aumentara la productividad por ocupado en un 18,1% en el marco de una caída del poder adquisitivo promedio del 5,1%. 
 
Por ende, mayor productividad y menores pagos redundaron en un aumento del margen bruto de explotación que se apropian los empresarios en un 24,5% en términos reales.
 
Si se agrega los datos de la distribución personal se observa que el 20% más rico se apropió del 47,5% de los ingresos generados en estos 4 años (siendo el porcentaje más elevado el que alcanzara en el 2010, del 51,7); mientras que el 40% del estrato medio se apropio del 39,3% de los ingresos generados (cuya menor apropiación se dio en el 2010, del 35,9%) y el 40% perteneciente al estrato bajo sólo apropió el 13,2% de los ingresos generados (en este caso el menor porcentaje apropiado ocurrió durante la recesión del 2009, donde apropió apenas el 12,4%; mientras que en el 2010 su participación se estanca).
 
El falso debate sobre el fifty-fifty oculta el papel orgánico que tiene la desigualdad en funcionamiento económico de nuestra sociedad. Fue la desigualdad extrema la que permitió relanzar el ciclo de acumulación en el 2002; es la desigualdad la que produce el agotamiento de las condiciones que hacían posible el crecimiento (la ausencia de inversión, el consumo de altos ingresos y el límite a la recomposición social); y es la desigualdad la variable a la que se apela para mantener las rentas extraordinarias de los agentes concentrados.
 
Discutir la desigualdad, y su combate frontal es una tarea de primera importancia a la que nos debemos abocar aquellos que queremos una Argentina más justa, haciendo caso omiso de los falsos debates que una y otra vez nos plantean los defensores del status quo.
 
En el marco de la conmemoración del 1ero de Mayo, un debate falso parece haberse instalado al interior del oficialismo. Por un lado, el Secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT) afirmó que “…vamos en camino del fifty-fifty del que nos hablaba Perón” fijando el objetivo en el cual se inscriben las demandas de esa organización (el proyecto de participación de las ganancias en las empresas y la elevación del mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias). Dos días después, en ocasión de la inauguración de obras hospitalarias, la Presidenta de la Nación, pareció haberle respondido cuando afirmó que “…los trabajadores participan en el 48,1%, casi estamos llegando al fifty-fifty del PBI…”. 
 
Este debate es falso, puesto que, por un lado, no es cierto que la actual dinámica que presenta el patrón de acumulación en nuestro país permita gestar las condiciones para producir una distribución equitativa entre el capital y el trabajo (situación ésta a la que se pretende aludir con el remanido fifty-fifty) y menos que ello se logre con medidas que se restrinjan exclusivamente al universo acotado de la asalarización formal (como es el caso de la participación en las ganancias y la eliminación del mínimo no imponible). 
 
Pero también es falso, porque no es cierto que estemos próximos al 50% de participación ó en los dichos de la Presidenta en el 48,1%; y menos que este dato pueda compararse directamente con la experiencia histórica, toda vez que la metodología del cálculo actual tiene importantes diferencias con la metodología histórica. 
 
Resumiendo entonces, se trata de un falso debate en un triple sentido: en términos conceptuales, en términos metodológicos y en términos empíricos.
 
a) La falsedad conceptual.
 
Esta alude a la visión dominante en la gestión gubernamental de que el actual modelo económico produce en su dinámica un proceso de redistribución progresiva del ingreso que permite, más temprano o más tarde, alcanzar el ansiado fifty-fifty.
 
Sostener esta visión supone hacer abstracción del papel fundante que casualmente tuvo la ampliación de la desigualdad (y no su disminución) como condición de posibilidad del actual proceso de crecimiento económico. 
 
Dicho de otro modo, para que la Argentina volviera a crecer frente a la imposibilidad de acceder al financiamiento externo que demandaba la Convertibilidad fue necesario que la desigualdad se extremara en niveles nunca antes visto como los que se vivió a mediados del 2002 (casi el 60% de la población por debajo de la pobreza y cerca de un cuarto de la fuerza laboral desempleada). 
 
La desigualdad y su impacto brutal en términos de caída salarial (cercana al 50%) fue la que asentó las bases para el posterior proceso de crecimiento. Difícilmente un proceso económico que reconoce a la ampliación de la desigualdad como una de sus condiciones de origen pueda producir en su dinámica las condiciones para su superación sin entrar a su vez en un proceso de contradicción consigo mismo. 

Casualmente esto es lo que ha ocurrido con la dinámica económica de los últimos años. En efecto, como muestran los datos que exponemos más adelante, una vez que el país descendió a los infiernos de la desigualdad del 2002, el crecimiento económico posterior permitió reducir la desigualdad respecto al 2002 pero nunca pudo llegar siquiera a los niveles que se tenía en el 2001. 
 
Más aún, el proceso de mejora en la distribución del ingreso que se evidencia a partir del 2003 se interrumpe en el 200
 
Así, desde el punto de vista de la distribución del ingreso, en los últimos 4 años esta se ha mantenido a lo sumo estancada puesto que ha sido casualmente el estancamiento lo que se ha evidenciado tanto en materia de creación de empleo como de mejora real en el poder adquisitivo de los trabajadores (ya que los aumentos salariales lograron como mucho mantener el poder adquisitivo en un contexto donde los precios minoristas crecieron a tasas cercanas al 25% anual y los alimentos al 35%). 
 
Y decimos que a lo sumo se ha estancado, porque en el marco del mantenimiento de las condiciones laborales (estancamiento del empleo y de los ingresos) hemos vivido un proceso de expansión del nivel de actividad cercano al 25% desde el 2007. 
 
Por ende, en rigor lo que hemos tenido en estos 4 últimos años es un aumento de la desigualdad que ha permitido nuevamente sostener el crecimiento económico en el marco del cambio en etapa económica. Nuevamente, la desigualdad opera como garante de este proceso de crecimiento, o del modelo económico, como les gusta llamar a los defensores de la gestión gubernamental.
 
Porque sucede así? Por una sencilla razón: El motor del patrón de acumulación local no es la demanda asalariada ni la ampliación del mercado interno. No quiere decir lo anterior que la demanda asalariada y el mercado interno no se haya ampliado, sino que lo han hecho subordinadas a la expansión de las variables que son relevantes para este tipo de modelo económico. 
 
Estas variables relevantes, lo hemos dicho una y otra vez, son evidentes para cualquiera que tenga la decisión de no ponerse anteojeras conceptuales: Es la demanda mundial, expresada en el precio de las materias primas (soja, petróleo, commoditties industriales) y el consumo de altos ingresos (expresados en el boom automotriz y de la construcción residencial de los sectores más pudientes) los que determinan el ritmo y la ampliación del conjunto de la economía (entre ellos de la demanda asalariada y el mercado interno). 
 
Cuando estas variables se resienten o presentan un menor impacto (dado por su propia dinámica –crisis internacional- o por modificación en el entorno en el que operan –como sucede con la economía argentina desde el 2007-) es la desigualdad la que se erige como el último resorte que permite mantener, o por lo menos atenuar –no sin contradicción-, el proceso de acumulación.
 
Desde esta óptica toda medida que no busque alterar esta lógica produce (con independencia de la voluntad de quienes la proponen) una convalidación y es solidaria con la reproducción y ampliación del actual esquema económico. 
 
Por ende, los proyectos, importantes y significativos por cierto, de participación de los trabajadores en las ganancias así como de eliminación del mínimo no imponible (para que los trabajadores no paguen ganancias) inscriptos en el actual esquema económico, beneficia en primer lugar a los trabajadores registrados de las principales firmas (en tantos son éstas las que pueden distribuir ganancias y son sus trabajadores los que pagan ganancias en tanto son los asalariados mejores pagos). 
 
Ahora bien, estas mejoras para los trabajadores formales, que no superan el 45% de la fuerza laboral, amplía la desigualdad (y no la disminuye) al interior del mundo laboral (en tanto la distancia de ingreso con el resto de los trabajadores cuentapropistas, no registrados y desocupados se amplía y no se disminuye). 
 
Es cierto que también pueden tener la virtud de mejorar la participación de los trabajadores y pretender avanzar en el fiftyfifty sobre la base de la mejora de los asalariados mejores pagos (y por ende nuevamente ubica a la desigualdad como una condición de posibilidad para mejorar la situación de los registrados) pero a condición de que este avance parcial y desigual no tenga una respuesta disciplinadora por parte de los sectores dominantes que por la vía del poder de mercado de sus principales firmas supongan, mediante el sostenimiento del ritmo inflacionario, en una mayor desigualdad que deteriore al conjunto de los trabajadores con especial incidencia en los sectores más postergados. 
 
Una ingenuidad muy grande por parte de algunos representantes de los trabajadores que sale demasiado caro para aquellos a quienes dicen representar.
 
b) La falsedad metodológica.
 
No es la primera vez que la Presidenta incurre en el error de comparar el dato actual de la Cuenta de Generación del Ingreso con los datos históricos de la serie de Distribución Funcional discontinuada a partir de 1974. Ya lo había hecho en el 2009 cuando se dió a conocer el último dato de la metodología actual (correspondiente al año 2008) y tampoco ha sido la única. 
 
El ex Presidente, Néstor Kirchner, reiteraba este error desde el momento mismo en que se dieron a conocer los resultados de la citada Cuenta de Generación del Ingreso (es decir desde el 2006). 
 
Una vez más queremos señalar de que no es posible comparar los datos actuales de la distribución funcional del ingreso con los datos históricos (los dos más usados suelen ser el 50,8% de participación de 1954 y el 46,9% de 1973, él último dato de la serie histórica). Se trata de una comparación intencionadamente falsa. 
 
Al hacerlo se están comparando datos de series estadísticas que no comparten los mismos criterios metodológicos. En efecto se trata de la serie de la Cuenta de Generación de Ingreso que toma como punto de partida inicial el año 1993, y la vieja serie de Distribución Funcional que medía este indiciador desde 1950 y que se dejara de publicar a partir de 1974. 
 
El propio organismo estatal responsable de la producción de ambas series (La Dirección Nacional de Cuentas Nacionales) aclara en sus informes de presentación de la serie que arranca en 1993, que los resultados de la misma no son comparables con la vieja serie histórica. Esto es así por dos razones:
 
a) La diferencia de la valuación del valor agregado. Mientras en la metodología histórica se realiza a costo de factores en la actualidad se utiliza a precios básicos. 
 
La diferencia es que la vieja metodología solo descontaba al PBI los “impuestos sobre los productos” (principalmente IVA e importaciones), mientras que en la actual metodología descuentas estos impuestos y el denominado ítem “otros impuestos sobre los productos” (que incluye los específicos, los ingresos brutos, las retenciones a las exportaciones, etc). 
 
La diferencia no es menor, este segundo ítem que no se tenía en cuenta en la serie histórica, tuvo un crecimiento notable de su participación a partir de la etapa post – convertibilidad. 
 
En efecto en promedio de 1993 a 2001 el rubro “otros impuestos sobre los productos” representó el 55% del rubro “impuestos sobre los productos”, mientras que a partir del 2002 representa en promedio el 110% del mismo.
 
b) La inclusión de la economía informal en las mediciones del valor agregado actual, mientras que en la medición histórica no estaba suficientemente contemplado. 
 
Es decir que si se tomara el trabajo no registrado en la medición histórica dicha participación sería aún mayor de la que fue; o si se la descontara de la medición actual, la participación de los asalariados sería menor a la que se ha publicado.
 
Queda claro que no se puede comparar los resultados de estas dos series estadísticas.
 
Lo que sí es válido es comparar los resultados al interior de cada serie, cuestión que haremos en la sección siguiente.
 
c) La falsedad de los datos empíricos.
 
En primer lugar queremos señalar que lo único de oficial que tiene el 48,1% de participación de los trabajadores en el PBI es el haber sido enunciada por la Presidenta de la Nación. 
 
No hay ningún informe estadístico, aún del propio INDEC, que avale esta afirmación. Los datos oficiales del INDEC de la Cuenta de Generación del Ingreso llegan hasta el 2008, año en el que la participación de los trabajadores alcanza el 43,6%. 
 
Por ende, el 48,1% anunciado por la Presidenta no se corrobora con los datos estadísticos disponibles del INDEC, así como tampoco sabemos a que momento del tiempo se refiere (si al 2009, 2010 ó al 2011?).
 
Como de lo que se trata no es de ponderar un dato aislado sino de tener una comprensión sobre la dinámica del proceso de crecimiento y distribución del ingreso, presentamos la serie completa de la Cuenta de Generación del Ingreso elaborada por el INdEC, que iniciada en 1993 llega hasta el 2008. 
 
No se puede dejar de considerar los efectos de manipulación que sobre el conjunto de las estadísticas oficiales (y entre ellas en primer lugar las vinculadas con la comprensión de la situación social, es decir precios, pobreza, indigencia, mercado laboral y por supuesto distribución del ingreso) ha producido la intervención gubernamental sobre el INdEC. 
 
Por ello, conviene analizar por separado los datos elaborados previo a la citada intervención (es decir hasta el año 2006 inclusive) con los elaborados a posterioridad. Al respecto hasta el 2006 la participación de los asalariados todavía estaba por debajo del 2001 y muy alejada del punto inicial
de la serie 1993. 
 
En efecto en el 2006 la participación de los asalariados alcanzó el 41,5% mientras que en el 2001 era del 42,1% y en 1993 era de 44,7%. Intervención mediante, en el 2007 la participación de los trabajadores llega al 42,9% (superado levemente a la del 2001) y la del 2008 llega al 43,6% (siendo este el segundo dato más alto de toda la serie, solo superado por el momento inicial de la medición en 1993). 
 
De confirmarse el 48,1% anunciado por la Presidenta, estaríamos en el dato más alto alcanzado por toda la serie, y si este dato correspondiese al año posterior al último publicado, es decir si fuera el dato del 2009 (que es el primero que falta anunciar) resultaría que en plena crisis mundial, con recesión en el nivel de actividad que ameritó usar fondos de los trabajadores y los jubilados para sostener el nivel de actividad interna de las empresas (caso REPRO financiado con recursos del ANSeS, entre otros), la participación asalariada habría alcanzado un récord histórico, incluso superior, en el relato oficial al momento previo a la dictadura, ya que la serie histórica ubica en 46,9% su último dato en 1973. 
 
De ser así, entonces, en plena crisis mundial y local, los trabajadores habrían tenido una participación superior a la que tuvieron en la Argentina industrial, de pleno empleo y asalarización formal extendida que regía previo a la Dictadura Genocida del '76. 
 
Si por caso, la participación del 48,1% correspondiese al 2010 la misma supondría que el salario promedio de la economía debería ser de $4.524 en lugar de los actuales $2.083 que releva la Encuesta Permanente de Hogares del INdEC, o bien deberíamos tener 25.730.681 ocupados en lugar de los actuales 11.844.454 ocupados, lo que equivaldría a afirmar que no solo estaríamos en una sociedad sin desempleo sino que estaríamos importando trabajadores del exterior. 
 
Se trata obviamente de dos absurdos que revela la burda manipulación estadística de los indicadores sociales que realiza el aparato estatal, sea mediante el INdEC, sea mediante los dichos de la máxima autoridad pública de nuestro país.
 
El estancamiento de la distribución del ingreso actual respecto al 2010 es consistente con el proceso que se observa en el plano productivo. 
 
En efecto, comparando la situación actual (4to trimestre 2010) con el momento previo al cambio de la etapa económica (4to trimestre 2006) es decir involucrando lo acontecido desde el 2007 en adelante, se observa que el nivel de actividad actual se ha expandido en un 24,3%; mientras que los ocupados lo hicieron a una tasa sensiblemente menor (apenas del 5,2%). 
 
Por ende, la productividad por ocupado se amplió un 18,1% en términos reales. 
 
Por otra parte, los salarios nominales crecieron un 111,5% pero los precios minoristas se expandieron un 122,9%, por lo que en términos reales los salarios se han contraído un 5,1% respecto al 2007. 
 
Por lo tanto, lo que se verificó en estos 4 años es una ampliación del Excedente Bruto de Explotación del 24,5% en términos reales. Lo que supone un aumento de la desigualdad.
 
Al detenerse a analizar el comportamiento interanual de cada uno de los estratos se observa que el estrato medio sólo logró captar una mayor porción del ingreso generado durante los años 2008 y 2009 (es decir en el marco de la desaceleración del crecimiento y la recesión interna). 
 
Es decir, logró ampliar su participación en el marco de la crisis y la reactivación es solidaria con una pérdida de su apropiación. 
 
Por su parte el estrato bajo sufre plenamente toda virulencia de la crisis del 2009 al bajar su participación del paupérrimo 14,2% al 12,4%; y en este caso se observa una neutralidad del crecimiento económico del 2010, en tanto no se modifica la apropiación del ingreso para este estrato. 
 
A la inversa de estos estratos, los sectores más pudientes disminuyeron su participación en el ingreso durante el 2008, presentan una leve caída en el 2009 y alcanzan un nivel récord en el 2010. Resumiendo puede apreciarse que la ampliación de la desigualdad está presente durante toda la etapa abierta a partir del 2007. 
 
Durante los años 2008 y 2009 (de desaceleración y caída del nivel de actividad) la regresividad aumenta de la mano de la caída en la participación del 40% más pobre de la población. 
 
Por el contrario, durante el despegue económico del 2010 la regresividad aumenta por vía de la pérdida de participación del estrato medio y el estancamiento del estrato pobre, siendo el obviamente favorecido el 20% de la población perteneciente al estrato alto.
 
De lo expuesto queda claro que la desigualdad tiene un rol orgánico con el actual esquema económico, más allá del falso debate que en términos discursivos pretenden hacernos creer aquellos tributarios del actual rumbo económico. Es la desigualdad la clave que ha permitido la salida de la Convertibilidad y el posterior proceso de crecimiento. 
 
Es la desigualdad la que produce los obstáculos a los que se enfrenta el proceso de crecimiento (principalmente los vinculados con la ausencia de inversión y el consumo de altos ingresos y el límite a la posibilidad de sostener el proceso de recomposición social). 
 
Y es la desigualdad la que se erige en una peligrosa resolución para los problemas que presenta el proceso de acumulación (en tanto permite que los capitales busquen mantener sus rentas extraordinarias sin inversión y a costa de la sociedad). 
 
Nótese de lo expuesto, que no es sin conflicto social, y también de pérdida del consenso gubernamental, que una estrategia basada en la desigualdad ofrece como modo de procesar el debate sobre el futuro de nuestra sociedad. 
 
Más allá de los falsos debates que, una y otra vez, nos plantean los representantes del status quo.




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