A partir de la firma de un convenio marco entre la Comisión Nacional de Valores y la Secretaría de Derechos Humanos se creó una oficina que facilitará el acceso a la información sobre la actuación del sector económico financiero durante el período 1976-1983. Se constituirá un archivo que servirá de fuente de documentación para las investigaciones judiciales, académicas y culturales. Los negocios de la dictadura y sus beneficiarios. Un paso más en el fortalecimiento de los derechos humanos.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación firmaron el 10 de noviembre un convenio marco con el objetivo de generar un canal institucional de intercambio de información entre ambas entidades y de fortalecer la perspectiva del organismo de control en materia de derechos humanos. Una de las metas propuestas es llevar adelante investigaciones sobre la política económica de la última dictadura y acerca del rol que tuvieron los sectores civiles y, particularmente, los sectores del capital financiero concentrado.
Un lugar para la investigación
Los objetivos del convenio se materializaron a través de la Resolución n° 594 de la CNV, que creó una Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia, cuyos objetivos son: organizar y mantener actualizados los archivos y documentación relacionada sobre la actuación de la CNV durante el período comprendido entre marzo 1976 y el año 1983; dar trámite a los requerimientos de información sobre dicha documentación a quien sea que lo requiera; promover políticas y acciones orientadas a crear una cultura de respeto de los derechos humanos dentro de la institución y el mercado de capitales; promover acciones orientadas a la reconstrucción de la memoria histórica, la verdad y la justicia; desarrollar actividades de capacitación y desarrollar investigaciones orientadas a medir los impactos y consecuencias económicas, políticas y sociales ocasionadas por las políticas económicas desplegadas durante el gobierno de facto para el mercado de capitales [ver Resolución n°594].
Según una fuente de la CNV consultada por MyT, la Oficina tiene como función, por un lado canalizar los pedidos de información y, por el otro, producir una política de archivos que permita catalogar y administrar la información de una manera inteligente y racional para “establecer el link entre las actas del directorio y los expedientes que hay por detrás; y, en general, poder hacer factible todo proceso político o académico, o todo proceso orientado hacia la investigación judicial que tenga como finalidad reconstruir la memoria, la verdad y hacer justicia”.
El eje estructural de esta política de archivos es posibilitar plataformas de memoria orientadas hacia distintas líneas de trabajo, desde investigaciones judiciales hasta la promoción cultural de prácticas que contribuyan con la construcción social y popular de la memoria.
En este sentido, la oficina será un lugar al cual podrán acceder aquellos interesados en investigar el período, y se podrán realizar pedidos de información o colaboración, siguiendo los mecanismos de regulación mínimos e indispensables que requiere cualquier solicitud de este tipo.
Por qué ahora
Las acciones de la CNV se enmarcan en la perspectiva más amplia de la política de derechos humanos puesta en marcha por el gobierno nacional a partir del 2003 y, más específicamente, de la investigación del genocidio económico en la Argentina.
Las investigaciones sobre economía acerca del período estuvieron más orientadas al análisis de políticas económicas sin vinculación con los derechos humanos y que hace falta un enclave que permita establecer las relaciones entre la práctica económica y el crimen económico, explicó una fuente de la CNV.
En ocasión de la firma del convenio, Eduardo Luis Duhalde, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, explicó que “la dictadura militar fue el gobierno que más leyes dictó en la historia, aunque no hayan sido más que decisiones espurias”, y señaló que “la lectura de esas 1600 leyes dictadas permite ver que casi todas estuvieron motivadas en el Ministerio Economía, con Martínez de Hoz a la cabeza”.
Tal como afirman en la CNV se trata de contribuir en las investigaciones para dar cuenta de “la existencia de una corporación criminal a cargo del manejo de los recursos del Estado, cuyas decisiones en política económica tuvieron consecuencias sociales bien concretas”. Entre las acciones derivadas de esta política, y solo a modo de ejemplo, se pueden nombrar la estatización de la deuda y el reconocimiento de créditos ficticios a determinados actores del sistema privado.
De hecho, la decisión de concretar este convenio tiene su nacimiento en una serie de pedidos de información que había realizado la Secretaría de Derechos Humanos sobre algunos temas que estaban investigando; entre ellos, la apropiación ilegal de la empresa Papel Prensa. El titular de la Secretaría también señaló que las empresas apropiadas durante la dictadura son más de 600, lo cual resalta la importancia del trabajo en conjunto con la CNV.
Una cuestión de principios
Una de las metas del convenio es lograr introducir la perspectiva de los derechos humanos en la CNV ya que, como sostienen en el organismo, históricamente el sistema financiero se mantuvo al margen del tema de los derechos humanos; ha sido tan refractario a esto que hay incluso calada más rápida en el seno de las estructuras de las Fuerzas Armadas que en el seno del sistema financiero y la economía, dijo la fuente consultada.
La posibilidad de llevar esta tarea adelante también implica la promoción de valores que permitan entender la legalidad, la economía y los derechos humanos como un bloque conceptual y político, donde los distintos aspectos están relacionados.
No comprender estos principios, quizás explica por qué la noticia de la Resolución de la CNV fue catalogada de “estalinista”, por ejemplo, por los editorialistas del diario La Nación –cuyos vínculos directos con Papel Prensa explican los intereses puestos en juego en sus observaciones-. Por otro lado, es común en ese tipo de retóricas calificar de “afán persecutorio”, a los pedidos de explicaciones a quienes fueron los responsables de delitos cometidos durante la dictadura y que, como tales, deben responder a los reclamos de justicia; o encontrar expresiones como “utilización de los derechos humanos”, para hacer referencia a políticas de Estado materializadas en acciones concretas y sostenidas en el tiempo.
Lo cierto es que las acciones como la firma de este convenio y la creación de la Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia son prácticas que tendientes a desmontar el enorme y efectivo aparato de desinformación que también sostuvo la estructura de poder de la dictadura y a hacer público y visible aquello que por permanecer oculto, ha logrado mantenerse impune durante más de treinta años.
Hace poco más de un año MyT publicó una nota en la que se hacía referencia a la apertura de una Unidad Espacial de Investigación de los delitos de Lesa Humanidad, en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos [ver nota]. Allí señalamos que en los países donde se viven operaciones de exterminio es natural que la investigación de los responsables se inicie por lo menos treinta años después, una generación es el tiempo que tardan en debilitarse los mecanismos de poder enquistados por los grupos que lo llevaron a cabo. Esa referencia también aplica a la creación de la Oficina de la CNV.
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